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¿Es coompatible la pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia? ¿Cuáles son los requisitos de la llamada “jubilación activa”?

El Tribunal Supremo fija doctrina sobre la compatibilidad de la pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia.

El Juzgado de lo Social nº 4 de Valencia dictó sentencia en 2019 estimando la demanda formulada contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre Jubilación, declarando el derecho de la demandante de percibir la prestación de jubilación activa del 100%, condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración y demás consecuencias legales inherentes a la misma.

La actora de esta pretensión es pensionista de jubilación en su modalidad “activa”, que le fue reconocida en 2016 y con un porcentaje del 100% de la base reguladora, percibiendo el importe del 50% por jubilación activa figurando de alta en el RETA. En 2017 presentó un escrito solicitando acogerse a los beneficios de la “jubilación activa” para compatibilizar la realización de una actividad por cuenta propia con la percepción del 100% de la cuantía de la pensión de jubilación, habiéndosele denegado por resolución de la Entidad. La actora forma parte de una comunidad de bienes y dicha comunidad tiene contratados trabajadores por cuenta ajena.

La Sentencia dictada por el Juzgado de lo social fue recurrida en suplicación por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, recurso que fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en 2020, entendiendo la misma que en el presente caso la titularidad del centro de empleo lo ostenta una comunidad de bienes de la que forma parte la trabajadora jubilada, no siendo una entidad con personalidad jurídica propia e independiente de sus propietarios quienes responden directamente de las obligaciones contraídas por la comunidad. En concreto establece que:

“El artículo 305.1 de la Ley General de la Seguridad Social define al trabajador autónomo que actúa laboralmente como persona física y en el apartado 2 de dicho precepto se recogen otras actividades que llevan al encuadramiento en el RETA, incluyendo en el apartado d) a los comuneros de las comunidades de bienes”. Es cierto que la actora ejercita su actividad en cuanto a miembro de la comunidad de bienes y no como autónoma persona física en el sentido tradicional que defienden las Entidades Gestoras y que quien actúa como empresa y empleadora es dicha Comunidad de bienes. No obstante, y siguiendo la posición doctrinal que sostienen tanto la Sala del País Vasco como la Sala de Valladolid, esta Sala entiende que debe rechazarse el recurso en este caso concreto en el que la actora es miembro de una comunidad de bienes, dado que ésta, a diferencia de otras modalidades de sociedad civil o mercantil, no tienen personalidad jurídica distinta a la de los comuneros y no limitan la responsabilidad societaria a su patrimonio, sino que la responsabilidad económica y laboral que pudiera imputarse a las comunidades de bienes alcanza a las personas físicas de los comuneros”.

Contra dicha sentencia, el Letrado de la Administración de la Seguridad Social interpuso recursa de casación para la unificación de doctrina, aportando como sentencia contradictoria la de la Sala de lo Social del Tribunal superior de Justicia de Murcia de 2020 la cual establece que aunque el trabajador esta dado de alta en el RETA, no tiene contratado ningún trabajador para la labor que ejercita como trabajador autónomo, sino que los tres trabajadores que prestan sus servicios han sido contratados por la comunidad de bienes, aunque es cierto que la responsabilidad de dicha figura jurídica es de los propios socios que lo integran pero ello es una cuestión ajena a la problemática de Seguridad Social, en que el referido precepto exige, para acceder a la prestación la modalidad pretendida, que la actividad se realice por cuenta propia y se acredite tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, lo que implica que el trabajador autónomo ha de tener contratado al menos a un trabajador, y, en el caso de autos, el trabajador autónomo no tiene contratado a ningún trabajador por cuenta ajena, sino que tal contratación es de una comunidad de bienes.

En el recurso de casación interpuesto se alega que la demandante no tiene ningún trabajador a su cargo pues los trabajadores contratados lo son por la comunidad de bienes de la cual la demandante forma parte como comunera. Por lo tanto, no se cumple el requisitos de tener contratado al mes a un trabajador por cuenta ajena.

Antes de hablar del fallo del Tribunal Supremo ante esta cuestión, hagamos referencia a algunos artículos que se han tenido en cuenta para resolver la presenten cuestión.

El artículo 305 de la Ley General de la Seguridad Social establece que:

Artículo 305. Extensión.

“1. Estarán obligatoriamente incluidas en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos las personas físicas mayores de dieciocho años que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena, en los términos y condiciones que se determinen en esta ley y en sus normas de aplicación y desarrollo.

2. A los efectos de esta ley se declaran expresamente comprendidos en este régimen especial:…d) Los comuneros de las comunidades de bienes y los socios de sociedades civiles irregulares, salvo que su actividad se limite a la mera administración de los bienes puestos en común, a los que se refiere el artículo  1.2.b) de la Ley 20/2007, de 11 de julio.”

El artículo 214 referido a la pensión de jubilación y envejecimiento activo establece en su apartado segundo que:

“2. La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50 por ciento del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista. .(La jubilación activa fue regulada en el art. 2 del RDL 5/2013, de 15 de marzo ).,

No obstante, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará al 100 por ciento”.

También tenemos que hacer referencia al artículo 1.2 del Estatuto del Trabajador Autónomo que establece que esta ley será de aplicación también a “b) comuneros de las comunidades de bienes y los socios de sociedades civiles irregulares, salvo que su actividad se limita a la mera administración de los bienes puestos en común”.

También menciona el Tribunal Supremo la Sentencia de 23 de Julio de 2021 en la que ya se pronunciaron sobre esta cuestión, en la cual no se reconoció el derecho a la jubilación activa con el 100% de un consejero o administrador de una sociedad mercantil. Por una parte, entendió que quedaba acreditado que el trabajador realizaba funciones de administrador único de la sociedad mercantil desempeñando funciones de dirección y gerencia, funciones que se ejercen para la sociedad, que es la que recibe los frutos y asume los riesgos de sus negocios y no por cuenta propia.

Por otra partem4, los trabajadores fueron contratados por la sociedad. Aunque el trabajador beneficiario de la jubilación tenga un control efectivo sobre la sociedad, los contratos laborales fueron realizados por la sociedad, la cual disfruta de personalidad jurídica.

Atendiendo a las normas citadas y a la sentencia que ya dictaron en 2021 el Tribunal Supremo realiza las siguientes observaciones para resolver la cuestión.

En primero lugar, la demandante no es una administradora o consejera de una sociedad como el caso que acabamos de describir, sino que es una autónoma que pertenece a una comunidad de bienes, comunidad que es la que ha llevado a cabo la contratación de trabajadores por cuenta ajena.

Atendiendo a la literalidad de la norma: El articulo 214 LGSS dispone: “La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50 por ciento… No obstante, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará al 100 por ciento”.

Se exigen dos requisitos para tener derecho al 100% de la pensión, a saber, el realizar una actividad por cuenta propia y tener contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena.

Por lo tanto, en principio la actora cumple con el primer requisito que establece la Seguridad Social que es realizar una actividad por cuenta propia, pero no cumple con el segundo, ya que no tiene contratado a ningún trabajador por cuenta ajena. Los trabajadores figuran contratados por la comunidad de bienes de la que la actora forma parte junto con otros comuneros, pero no por la actora.

En segundo lugar, el hecho de que la comunidad de bienes no tenga una personalidad jurídica propia, diferente de la de los comuneros, no significa que sea irrelevante el que se constituya dicha comunidad, pues actúa como tal en el tráfico jurídico con la cualidad de empresario, reconociéndole el ordenamiento determinados efectos jurídicos.

Ante esto, el Tribunal Supremo acude a la Sentencia del Pleno 469/2020, que identificó las notas características de las denominadas comunidades “funcionales o empresariales” que transcienden la mera copropiedad, actuando unificadamente en el tráfico, asimilando sus características a las propias de las de las sociedades irregulares de tipo colectivo. En concreto establece:

“Se trata de una comunidad de bienes -de las también denominadas doctrinalmente como “dinámicas” o “empresariales”- que presenta las siguientes notas: (i) origen convencional, formalizada en escritura pública;(ii) vinculada funcionalmente a la actividad empresarial de explotación de […]); (iii) que presenta características propias de las sociedades irregulares [de tipo colectivo]; (iv) dotada de una organización estable, a través de un órgano de administración regulado en sus estatutos (con atribución de amplias facultades de gestión y representación) y financiero-contable (igualmente regulada en sus estatutos); (v) que actúa en el tráfico como centro de imputación de determinados derechos y obligaciones, entre ellos los de naturaleza tributaria, como sujeto autónomo u obligado tributario ( art. 35.2 de la Ley General Tributaria); (vi) además, ostenta legalmente la condición de empresario a efectos laborales ( art. 1 del Estatuto de los Trabajadores); (vii) y por ello tiene legalmente reconocido algunos de los efectos propios de la personalidad jurídica; (viii) y entre estos efectos debe incluirse el del reconocimiento de su legitimación y capacidad procesal cuando la acción que ejercite ( art.6.1. LEC) o frente a la que se defienda ( art. 6.2 LEC) esté vinculada a alguno de los derechos u obligaciones cuya titularidad ostente, como sucede en este caso”.

La comunidad de bienes a la que pertenece la actora es una comunidad de las denominadas funcionales, dinámicas o empresariales, vinculadas funcionalmente a la actividad empresarial de explotación de un determinado negocio que actúa en el tráfico como centro de imputación de determinados derechos y obligaciones, ostentando legalmente la condición de empresario, a los que nuestro ordenamiento reconoce algunos de los efectos propios de la personalidad jurídica, como es el reconocimiento de su legitimación y capacidad procesal cuando la acción que ejercite o frente a la que se defienda esté vinculada a alguno de los derechos uy obligaciones cuya titularidad ostente.

El que la responsabilidad de los partícipes en la comunidad frente a sus trabajadores, al igual que frente a terceros, sea una responsabilidad directa, personal e ilimitada, no se debe confundir con quien es el empresario que es la comunidad de bienes, como empleador único y no los partícipes en la misma.

Por todo lo razonado hasta ahora, el Tribunal Supremo procede a la estimación del recurso de casación para la unificación de Dotrina interpuesto por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, frente a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anulando la sentencia recurrida y absolviendo a la demandada de las pretensiones contenidas en la misma.

Enlace resolución: https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/df22a52b9646eded

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